El juicio oral por la denominada Masacre de la calle Corro comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, marcando un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar argentina. Seis exmilitares del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 del Ejército Argentino enfrentan cargos por homicidio agravado y privación ilegal de la libertad, en relación con el operativo realizado el 29 de septiembre de 1976 en una vivienda de Villa Luro, donde murieron cinco militantes de Montoneros y otras cuatro personas fueron secuestradas.

La primera audiencia, celebrada de manera virtual, estuvo centrada en la lectura de las acusaciones y la declaración de los imputados, quienes optaron por abstenerse de declarar. La querella, representada por abogadas de derechos humanos, solicitó la revocación de la prisión domiciliaria de los acusados y la presencialidad de las audiencias, argumentando la importancia de la participación pública y la memoria histórica. Sin embargo, el tribunal rechazó ambos pedidos y fijó la próxima audiencia para el 1° de abril.

Entre las víctimas fatales se encontraba María Victoria Walsh, hija del reconocido escritor y periodista Rodolfo Walsh, quien se encontraba en la casa junto a su hija de apenas un año. Según la reconstrucción judicial, Walsh se suicidó al verse cercada, aunque la querella sostiene que fue empujada a esa decisión en el marco de la represión sistemática. El operativo, que involucró a más de 200 efectivos de distintas fuerzas, fue planificado con inteligencia militar y resultó en la detención ilegal de cuatro personas, quienes pasaron por centros clandestinos de detención antes de ser liberadas.

El juicio se desarrolla en el contexto del 50° aniversario del golpe militar, en un clima de revisión histórica y reclamos de justicia por parte de familiares y organismos de derechos humanos. Más de cien personas, entre ellas referentes de la lucha por la memoria, siguieron la audiencia de manera virtual, destacando la relevancia del proceso para la reparación histórica y la lucha contra la impunidad. La causa permite visibilizar el accionar coordinado de las estructuras represivas y refuerza el compromiso con la verdad y la justicia en Argentina.