Silvia Tarantini, exdirectora de Personas Jurídicas de la provincia de Formosa, denunció públicamente al ministro de Gobierno, Jorge González, por acoso sexual y laboral durante los 14 años que trabajó bajo su órbita. La denuncia fue presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación y replicada en diversos medios nacionales, generando un fuerte impacto en el ámbito político local.

Según el testimonio de Tarantini, el acoso comenzó desde el primer día en que González asumió como ministro, manifestándose a través de insinuaciones, piropos y promesas de ascensos o cargos legislativos a cambio de favores personales. "Me dejaba entrever que si tenía algo más con él, podría ser su secretaria o incluso diputada", relató la exfuncionaria. Además, aseguró que las presiones y el hostigamiento laboral le provocaron graves problemas de salud, incluyendo un ACV y una hipoacusia permanente.

Tarantini explicó que, pese a contar con pruebas, no ha realizado una denuncia formal en la Justicia local por desconfianza en su independencia, aunque evalúa acciones legales fuera de la provincia si su integridad o la de su familia se ve amenazada. "Quiero resguardar mi integridad física y psicológica, pero sobre todo la física, tanto mía como la de mi familia y mi entorno", afirmó.

La exfuncionaria también denunció un intento de violación por parte de un sindicalista y fraude electoral en el Colegio de Magistrados, señalando una estructura de complicidad y encubrimiento dentro del poder provincial. Legisladoras como Gabriela Neme respaldaron sus dichos y denunciaron la existencia de un aparato político que protege a los acusados y silencia a las víctimas.

Hasta el momento, ni el ministro González ni el gobierno provincial han emitido declaraciones públicas sobre el caso. El episodio se produce en un contexto de elecciones legislativas y cuestionamientos a la transparencia institucional en Formosa, donde diversas organizaciones de derechos humanos han sido notificadas de la situación. El caso pone en debate la protección de las víctimas y la necesidad de garantías judiciales independientes en la provincia.