La investigación judicial sobre Sur Finanzas, la financiera vinculada al empresario Ariel Vallejo y al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, avanza con nuevos procedimientos y detenciones. La tesorera de la empresa, Micaela Sánchez, junto a dos empleados, fue detenida tras intentar retirar computadoras y documentación de un depósito en Turdera, en el marco de una causa por presunto encubrimiento agravado y posible destrucción de pruebas.

Sánchez, quien se autodefine como empleada administrativa y único sostén de una hija menor, declaró por escrito ante el juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, negando haber cometido delitos y explicando que su accionar respondía al temor de perder su empleo. "La única respuesta que tengo a todo lo sucedido es la siguiente: yo me encontraba abocada a no perder mi puesto de trabajo y, entonces, a que la empresa continúe funcionando", sostuvo Sánchez en su presentación. Los otros dos detenidos presentaron descargos similares y solicitaron la excarcelación o el arresto domiciliario.

En los allanamientos realizados en el depósito de Turdera y en la sede central de Sur Finanzas en Adrogué, la Policía Federal secuestró computadoras, teléfonos, cajas fuertes, documentación y otros elementos relevantes para la causa. Un técnico informático confirmó que fue contratado para resetear computadoras de la empresa, mientras que la fiscalía sostiene que los detenidos intentaron ocultar evidencia clave.

La causa, que ya suma más de 70 procedimientos judiciales, investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación de fondos ilícitos al patrimonio de clubes de fútbol, especialmente Banfield, Argentinos Juniors y San Lorenzo. La documentación secuestrada revela préstamos a clubes con tasas usurarias y contratos de sponsoreo con condiciones inusuales, como el pago único de $120 millones a Barracas Central, el club de Tapia, mientras que otros clubes recibían pagos en cuotas.

El juez Armella ordenó el análisis exhaustivo de toda la evidencia recolectada, con la intervención de organismos especializados y la fiscalía federal. El levantamiento del secreto bancario y fiscal permitió acceder a información clave sobre las operaciones financieras investigadas. La fiscal Incardona subrayó la coincidencia entre el crecimiento de Sur Finanzas y la consolidación de Tapia en la AFA y la Liga Profesional, señalando que la entidad no puede ser considerada ajena a las maniobras bajo investigación.

Mientras la Justicia exige celeridad en el análisis de pruebas y la preservación de la cadena de custodia, los clubes y dirigentes involucrados evitan hacer declaraciones públicas. El caso sigue en desarrollo y podría tener implicancias significativas para el fútbol argentino y el sistema financiero local.