La industria argentina atraviesa una de sus crisis más profundas en décadas, con el cierre de más de 1.400 empresas manufactureras y la pérdida de cerca de 40.000 empleos registrados solo en 2025, según datos relevados por consultoras y medios especializados. El fenómeno, que afecta especialmente a la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y el NOA, se atribuye a una combinación de caída del consumo interno, aumento de importaciones y encarecimiento del crédito, factores que han debilitado la competitividad del sector productivo nacional.

En los últimos dos años, el cierre de empresas alcanzó las 19.114 y se perdieron 224.000 empleos formales, más de la mitad en el sector productivo, de acuerdo a una investigación publicada por Noticias. Grandes compañías como Whirlpool, Ilva, Corven y Newsan han cerrado plantas o realizado despidos masivos en distintas provincias, mientras que otras, como Mondelez y Acindar, implementaron suspensiones que afectaron a miles de trabajadores.

El flujo neto de inversión extranjera directa también reflejó el deterioro del clima de negocios, con un saldo negativo de 1.500 millones de dólares entre enero y octubre de 2025, según el balance cambiario del Banco Central. Este contexto ha llevado a una redefinición de estrategias empresariales, con muchas firmas optando por reducir operaciones o abandonar el mercado argentino.

El Gobierno nacional, por su parte, impulsa el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) y otras reformas orientadas a atraer capitales y modernizar el mercado laboral. Sin embargo, analistas y empresarios advierten que estas medidas aún no logran frenar la destrucción de capacidad productiva ni la pérdida de empleos. "El retroceso de la inversión extranjera directa convive con un proceso acelerado de cierre de empresas y achicamiento del entramado productivo local", señala un informe de la consultora Sistémica.

La situación ha generado preocupación en el sector industrial, donde voces como la de Paolo Rocca, líder del grupo Techint, han criticado la competencia desleal de productos importados y la falta de políticas de protección. Mientras tanto, el debate sobre el modelo económico libertario y sus consecuencias sociales y productivas continúa abierto, en un país que busca equilibrar la estabilidad macroeconómica con la necesidad de sostener el empleo y la producción nacional.