El ingreso en secreto de Luis Antonio Cuculich, un violador serial condenado, al hogar de adultos mayores Ruca Canay en Chos Malal, Neuquén, desató un escándalo institucional y social. Según confirmaron fuentes gremiales y periodísticas, Cuculich fue admitido el 19 de junio bajo el nombre de “Antonio de Neuquén”, sin que el personal fuera informado de su verdadera identidad ni de sus antecedentes penales. La directora del establecimiento, Sandra Ortega, comunicó el ingreso mediante un escueto mensaje de WhatsApp, omitiendo detalles clave y justificando la reserva del apellido por su supuesta dificultad de pronunciación.

Durante su estadía, el comportamiento de Cuculich generó inquietud entre las trabajadoras: realizó preguntas sobre hijas, solicitó ver fotos, intentó ingresar a habitaciones ajenas y mostró un interés inusual en la vida personal de las empleadas. Estas actitudes, sumadas a la falta de documentación médica y referencias institucionales, llevaron al personal a investigar y finalmente descubrir la identidad del nuevo residente. La confirmación de que se trataba de un abusador serial, conocido en los registros judiciales como el “violador de vírgenes”, provocó alarma y una inmediata reacción gremial.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una asamblea y elevó un reclamo urgente a las autoridades provinciales, denunciando la vulneración de derechos y la exposición del personal y los residentes a una situación de alto riesgo. “No vamos a tapar ni a ser cómplices de un hecho tan grave”, expresó ATE en un comunicado dirigido a la comunidad. El sindicato también subrayó la peligrosidad de alojar a un condenado por delitos sexuales en un espacio con personas vulnerables y vínculos con instituciones educativas infantiles.

El 22 de junio, tres horas después de la notificación formal sobre la realización de una asamblea, Cuculich fue retirado del hogar en medio de un hermetismo total. El personal percibió su salida porque no apareció a merendar, y solo después la dirección informó que el traslado se debía al “resguardo de la integridad del personal”.

ATE adelantó que pedirá una investigación para determinar quién tomó la decisión de alojar a Cuculich sin análisis previo ni información clínica, y denunció el hecho como una violencia directa hacia las trabajadoras. El caso expone graves falencias en los protocolos de admisión y comunicación institucional, y ha generado un fuerte reclamo social por mayor transparencia y seguridad en las instituciones públicas.