El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Neuquén contra el Gobierno nacional, acusando a las máximas autoridades de interferir políticamente en el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según la denuncia, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, habrían demorado la implementación de un nuevo sistema de medición del IPC, lo que impacta directamente en la actualización automática de los salarios estatales en la provincia.

La presentación judicial solicita que se investiguen posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y violación de la fe pública. Quintriqueo argumenta que la autonomía técnica del INDEC, organismo encargado de producir estadísticas oficiales, se encuentra en riesgo, y que cualquier intromisión política erosiona la confianza pública en los datos oficiales. "La afectación de la autonomía del INDEC impacta de manera inmediata en el monto del salario, en el cálculo de jubilaciones, en el aguinaldo y en la previsibilidad de la negociación colectiva", advirtió ATE en un comunicado.

El IPC es un componente central para la actualización de los haberes de los estatales neuquinos, que se ajustan automáticamente según los datos del INDEC, conforme a acuerdos paritarios y normativa provincial. El último incremento salarial por IPC fue del 7,9%, beneficiando a unos 64 mil empleados del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo de Neuquén.

Quintriqueo sostuvo que "ya no se puede confiar en el índice nacional, ellos mismos lo están diciendo, así que vamos a rever todo en unos meses acá en Neuquén". Además, señaló que la manipulación del IPC afecta la credibilidad de las estadísticas oficiales y, por ende, la previsibilidad de los acuerdos salariales.

El conflicto entre ATE y el Gobierno nacional se intensifica en un contexto de alta inflación y tensión salarial. La denuncia presentada abre un nuevo frente judicial y pone en el centro del debate la transparencia y autonomía de los organismos estadísticos en Argentina. Hasta el momento, no hubo declaraciones públicas del Gobierno nacional sobre la denuncia.