El conflicto policial en Santa Fe alcanzó un punto crítico esta semana, con protestas y acuartelamientos de uniformados en Rosario y otras ciudades de la provincia. Los reclamos salariales y de condiciones laborales motivaron manifestaciones que afectaron el servicio de seguridad, obligando al gobierno provincial a recurrir a personal penitenciario para patrullar las calles.

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, aseguró que "la seguridad pública nunca se resintió" y que Rosario recuperó su normalidad operativa, aunque reconoció la legitimidad de los reclamos y la necesidad de una respuesta integral. Más de 20 policías fueron pasados a disponibilidad, pero la medida se levantó tras restablecer el diálogo, solicitando la reincorporación inmediata de los agentes.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, anunció que ningún agente policial quedará por debajo de la canasta básica, destinando recursos para jerarquizar los salarios, especialmente en los rangos subalternos. El salario inicial ronda los $800.000, cifra considerada insuficiente por los manifestantes.

La protesta, caracterizada por la falta de interlocutores claros y demandas diversas, se extendió a otras ciudades de Santa Fe, generando tensión y preocupación en el gobierno nacional. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, canceló un viaje internacional para monitorear el conflicto, mientras la Casa Rosada reforzó el patrullaje federal y teme un efecto contagio en otras provincias y fuerzas.

El malestar salarial afecta también a las fuerzas federales y armadas, con miles de bajas voluntarias en el último año. Reclamos similares ocurrieron en Misiones y Córdoba, con consecuencias institucionales graves. Funcionarios nacionales y provinciales debaten sobre la motivación de la protesta, algunos la vinculan a sectores exonerados, mientras policías y familiares expresan su malestar por bajos ingresos y condiciones laborales.

El gobierno busca evitar un deterioro mayor y restablecer el vínculo con la fuerza, en un contexto de crisis económica e institucional que amenaza con extenderse a nivel nacional.