Un hombre fue condenado a 20 años de prisión en la ciudad de Santa Fe tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de dos de sus hijas durante su infancia y adolescencia. El fallo, dictado por unanimidad por el tribunal integrado por los jueces Pablo Ruiz Staiger, Gustavo Urdiales y Leandro Lazzarini, responde a una causa que se extendió por casi una década y que estuvo marcada por denuncias de irregularidades en la actuación judicial.

Según se expuso en el juicio, los abusos comenzaron cuando las víctimas asistían al jardín de infantes y se perpetuaron en un contexto de extrema violencia familiar. La fiscal Jorgelina Moser Ferro, a cargo de la acusación, detalló que el hombre sometía a sus hijas a prácticas sexuales y violencia física y psicológica, además de amenazar y maltratar a su entorno familiar. "La pena impuesta es la que habíamos solicitado en nuestros alegatos, por lo que el resultado del juicio es muy positivo", afirmó la fiscal tras conocerse la sentencia.

El proceso judicial también puso en el centro de la polémica el accionar de un equipo interdisciplinario del Poder Judicial, encargado de entrevistar a las víctimas en 2016. El informe elaborado por este equipo minimizó los hechos denunciados y recomendó la revinculación de las niñas con su padre, a pesar de la negativa de las víctimas. Esta actuación fue duramente criticada por la querella y la fiscalía, que la señalaron como un caso paradigmático de violencia institucional y encubrimiento. La abogada querellante, Carolina Walker Torres, presentó una denuncia penal contra las profesionales del equipo por delitos como prevaricato, denegación de justicia y encubrimiento agravado.

El tribunal ordenó remitir a la Corte Suprema de Justicia provincial los registros de audio y video de las entrevistas realizadas por el equipo interdisciplinario, con el objetivo de que se evalúe su desempeño y se investiguen posibles irregularidades o revictimización de las víctimas. El caso ha generado un fuerte debate sobre la actuación de los equipos judiciales en casos de abuso sexual infantil y la necesidad de garantizar la protección de los derechos de las víctimas.

La condena y la investigación ordenada por el tribunal marcan un precedente en la provincia y ponen en evidencia la importancia de revisar los procedimientos institucionales para evitar la repetición de situaciones similares en el futuro.