La Argentina enfrenta una nueva etapa de presión judicial internacional tras el reciente fallo de la jueza Loretta Preska en Nueva York, que ordena la entrega del 51% de las acciones de YPF como compensación por la expropiación de la petrolera en 2012. El fallo, que asciende a más de 16.000 millones de dólares, favorece a fondos como Burford Capital, que adquirieron los derechos litigiosos del Grupo Petersen, y ha abierto la puerta a nuevos acreedores con sentencias previas por deuda soberana en default.

Según analistas, la decisión judicial se basa en la omisión de una oferta pública de adquisición (OPA) al momento de la estatización, aplicando una fórmula estatutaria que, según expertos, sobredimensiona el monto indemnizatorio. La jueza Preska rechazó los argumentos del Estado argentino, que buscaban recalcular el valor de las acciones considerando el contexto económico y legal local, y optó por la interpretación más estricta y onerosa para el país.

En paralelo, fondos como Attestor y Trinity han solicitado prioridad para ejecutar las acciones de YPF, argumentando que sus fallos judiciales son anteriores a los del caso de la expropiación. Utilizan la figura legal “me too” para sumarse a la ejecución, lo que complica aún más el panorama judicial y financiero de la Argentina.

El Gobierno argentino, a través de voceros y abogados, ha calificado la sentencia como “jurídicamente inaplicable” y sostiene que la transferencia de acciones estatales requiere autorización del Congreso, en virtud de la Ley 26.741. Además, ha presentado recursos de apelación y advierte sobre el impacto negativo que la ejecución del fallo tendría en el interés público y en la estabilidad financiera del país.

El caso YPF se inscribe en una larga serie de litigios internacionales que afectan la reputación y las finanzas del Estado argentino, sumando presión sobre el activo estatal más valioso en el extranjero. El debate sobre la legalidad y equidad del fallo involucra tanto el derecho argentino como el norteamericano, y ha generado intensas discusiones en el Congreso y entre los principales actores políticos, en un contexto de campaña electoral y creciente incertidumbre económica.