El gobierno de Javier Milei ha desatado una controversia al anunciar una serie de reformas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un organismo clave para el desarrollo agropecuario en Argentina. Las medidas incluyen recortes presupuestarios, despidos masivos y la venta de tierras, lo que ha generado una fuerte oposición de trabajadores, exinvestigadores y entidades agropecuarias.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, justificó los recortes argumentando que el presupuesto del INTA es desproporcionado en comparación con las retenciones al maíz. Sin embargo, cálculos internos del INTA contradicen estas afirmaciones, señalando que el presupuesto representa solo el 17% de las retenciones al maíz y apenas el 2,3% del total recaudado por el sector agropecuario.

Entre las medidas más polémicas se encuentra el despido de hasta 1.500 empleados, comenzando con 800 despidos inmediatos, y la subasta de 27.000 hectáreas de campos experimentales. Además, el gobierno planea modificar la gobernanza del INTA, otorgando mayor control al Ejecutivo, lo que ha sido interpretado como un intento de desmantelar la autonomía del organismo.

La Mesa de Enlace, que agrupa a las principales entidades agropecuarias, emitió un comunicado expresando su preocupación por el impacto de estas medidas en el sector. "Los productores quieren y necesitan un organismo eficiente, con amplia territorialidad y que promueva el desarrollo agropecuario en todo el país", señalaron.

Por su parte, trabajadores del INTA y exinvestigadores han criticado duramente las reformas. En una carta pública, más de 30 exintegrantes del organismo calificaron las medidas como "irracionales e inconsultas", y destacaron la importancia del INTA en la innovación tecnológica y el desarrollo económico del país.

El INTA, fundado en 1956, ha sido un pilar en el desarrollo agropecuario de Argentina, contribuyendo con avances en genética, maquinaria agrícola y control biológico de plagas. Las reformas propuestas se enmarcan en una política de ajuste fiscal del gobierno de Milei, que busca reducir el tamaño del Estado.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Exministros y exsecretarios de Agricultura han señalado que las medidas podrían desmantelar el organismo, afectando su capacidad de innovación y transferencia tecnológica. Mientras tanto, algunos sectores ven las reformas como una oportunidad para sanear la estructura interna del INTA, aunque temen que el impacto negativo sea mayor que los beneficios.

El futuro del INTA y su papel en el desarrollo agropecuario de Argentina están en juego, mientras el gobierno y los sectores afectados buscan un punto de equilibrio entre la eficiencia y la sostenibilidad del organismo.