El Gobierno argentino ha anunciado una reforma migratoria que endurece los requisitos para la ciudadanía, residencia y acceso a servicios públicos. La medida, presentada por el vocero presidencial Manuel Adorni junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, será implementada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Entre los cambios más destacados, se establece que la ciudadanía argentina solo podrá obtenerse tras dos años de residencia continua en el país, sin salidas del territorio. Además, los extranjeros condenados por cualquier delito serán deportados, y se acortarán los plazos de apelación en los procesos de expulsión. "Argentina no será tierra fértil para la llegada de delincuentes", afirmó Adorni.

En cuanto al acceso a servicios públicos, los hospitales nacionales podrán cobrar a extranjeros no residentes, y las universidades tendrán la opción de establecer aranceles para estudiantes extranjeros. También se exigirá un seguro médico obligatorio para ingresar al país.

El Gobierno justificó estas medidas señalando que, en 2024, se gastaron 114 mil millones de pesos en atención médica a extranjeros en solo ocho hospitales nacionales. "Queremos seguir recibiendo a quienes vienen a construir un país más libre y próspero, pero con leyes claras", declaró el vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán.

La reforma también busca evitar el ingreso de personas con antecedentes penales, incluso si las condenas no están firmes. Además, los extranjeros que ingresen por pasos no habilitados podrán ser expulsados inmediatamente. Según datos oficiales, de los cerca de 4,000 extranjeros detenidos en la Ciudad de Buenos Aires, el 40% fueron arrestados por robo y hurto.

Esta iniciativa se enmarca en un contexto de creciente presión económica y social, con altos niveles de sobrepoblación carcelaria y uso de servicios públicos por extranjeros. También responde a tendencias internacionales, como las deportaciones masivas en Estados Unidos.

Sin embargo, la reforma ha generado críticas. Expertos en migración cuestionan la viabilidad de algunas disposiciones, como la residencia continua de dos años sin salidas del país, y advierten sobre posibles tensiones con países vecinos. "Es un intento de restaurar el orden, pero algunas medidas podrían ser discriminatorias", señalaron analistas.

El Gobierno, por su parte, defiende la reforma como un paso necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema público y la seguridad nacional. "Nuestro país seguirá siendo una tierra abierta a los migrantes, pero con leyes claras y un sistema migratorio que priorice el bienestar de todos los argentinos", concluyó Catalán.