Un sorpresivo paro de colectivos afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde el 5 de diciembre, generando complicaciones para miles de usuarios que dependen del transporte público. La medida fue impulsada por los choferes de las empresas Micro Ómnibus Quilmes (MOQSA) y Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), quienes reclamaron el pago completo de sus salarios de noviembre, tras recibir solo el 50% de sus haberes.

La protesta se tradujo en la suspensión total de al menos 11 líneas de colectivos, entre ellas la 159, 219, 300, 333, 372, 383, 407, 437, 603, 619 y 707, que recorren el norte y sur del conurbano bonaerense y sectores de la Ciudad de Buenos Aires. El paro se extendió por más de 96 horas, afectando a trabajadores, estudiantes y personas que realizan actividades esenciales.

El conflicto se originó cuando las empresas anunciaron un esquema de pago desdoblado, justificando la medida como necesaria para asegurar la continuidad del servicio y evitar despidos. Según comunicaron, el salario de noviembre se abonaría en dos partes consecutivas, mientras que el medio aguinaldo de diciembre se depositaría en seis cuotas, alegando una “imposibilidad objetiva” para cumplir con los pagos en tiempo y forma.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) difundió un mensaje contundente: “El salario es el esfuerzo diario con lo que hemos cumplido nuestras obligaciones laborales y constituye el sustento directo de nuestras familias. Motivo por el cual exigimos el inmediato pago del mismo, alertando que no podemos ni debemos continuar trabajando si no se cumple con este derecho esencial”.

El servicio comenzó a restablecerse parcialmente el 9 de diciembre, aunque los trabajadores advirtieron que, si no se acreditan los haberes adeudados, podrían retomar la medida de fuerza. Las empresas MOGSM y MOQSA mantuvieron la postura de regularizar los pagos según sus posibilidades financieras, mientras que los usuarios manifestaron preocupación por la continuidad del servicio.

El pago del medio aguinaldo está previsto hasta el 18 de diciembre, aunque la normativa permite un margen adicional de cuatro días hábiles, habilitando a las empresas a finalizar el trámite hasta el 24 de diciembre. El conflicto pone de manifiesto la delicada situación económica del sector y la necesidad de encontrar soluciones que garanticen tanto los derechos de los trabajadores como la prestación del servicio público.