El proyecto de reforma laboral presentado por el gobierno de Javier Milei en el Congreso argentino ha generado una fuerte polémica en el sector cultural y mediático. Entre sus disposiciones más controvertidas, la iniciativa propone la derogación de impuestos específicos que actualmente financian al cine, el teatro, la música y los medios públicos, poniendo en riesgo la continuidad de organismos como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional del Teatro y Radio y Televisión Argentina.

Según el texto oficial, los artículos 195 y 196 del proyecto eliminan los gravámenes que constituyen la principal fuente de ingresos del Fondo de Fomento Cinematográfico y otros entes culturales. Hasta ahora, el INCAA recibía fondos provenientes de un impuesto del 10% sobre las entradas de cine, otro tributo similar sobre la venta de DVDs y el 25% de lo recaudado por ENACOM a partir de gravámenes a radios, canales y servicios de TV paga. De aprobarse la reforma, estos recursos desaparecerían y el financiamiento de la cultura dependería de partidas discrecionales asignadas por el Ministerio de Economía.

La medida también afecta a la Ley de Medios, eliminando el Título V que establecía el destino de los fondos recaudados por servicios de comunicación audiovisual. Esto impacta no solo al cine, sino también a la televisión pública, la radio nacional, el teatro y la música, así como a proyectos comunitarios y de pueblos originarios.

Representantes del sector cultural y sindicatos de prensa han manifestado su preocupación. El Proyecto Cine Independiente (PCI) advirtió que la reforma "aniquila el financiamiento del cine argentino" y pone en riesgo miles de puestos de trabajo. Por su parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) denunciaron que la iniciativa implica una "regresión de un siglo en materia de derechos laborales y conquistas", al pretender también derogar el Estatuto del Periodista.

El gobierno sostiene que la reforma busca modernizar el sistema laboral y racionalizar el gasto público, pero los sectores afectados anticipan movilizaciones, reclamos judiciales y campañas gremiales para frenar lo que consideran un ataque a la pluralidad informativa y a la producción cultural nacional. El debate en el Congreso y la reacción social definirán el futuro de estas políticas y su impacto en la cultura argentina.