El transporte público de colectivos en Argentina enfrenta una de sus crisis más severas en los últimos años, con la amenaza de un paro y recortes de servicios que podrían afectar a millones de usuarios en el interior del país y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) y las empresas del sector advierten que la falta de fondos y subsidios, sumada al aumento de los costos operativos, ha puesto en jaque la capacidad de cumplir con las obligaciones salariales y el pago del medio aguinaldo.

Según FATAP, entre 2024 y 2026 se perdieron entre 9.000 y 11.000 empleos en el sector, mientras que la cantidad de pasajeros transportados en el interior cayó un 17,17%. El valor del boleto en las provincias supera ampliamente al del AMBA, lo que, junto con el aumento de combustibles, mantenimiento y salarios, ha generado un desfasaje insostenible entre ingresos y egresos. "Las tarifas suben para cubrir costos, pero el bolsillo del usuario se agota, provocando una consecuente caída en la venta de boletos", señalaron desde la entidad.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que nuclea a los choferes, reclama una recomposición salarial urgente y responsabiliza tanto a las empresas como al Gobierno nacional por la falta de avances en las negociaciones paritarias. "Los días pasan y la paz social peligra", advirtió el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, dejando abierta la posibilidad de medidas de fuerza si no se alcanza un acuerdo satisfactorio.

Por su parte, las empresas argumentan que la eliminación del Fondo de Transporte en 2024 y los atrasos en las transferencias de fondos para beneficios sociales han agravado la situación financiera. Algunas compañías evalúan pagar el medio aguinaldo en cuotas y advierten sobre la posibilidad de suspender o recortar servicios en los próximos días.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de un paro, pero la incertidumbre crece entre los usuarios y trabajadores. El conflicto pone en evidencia la necesidad de una solución integral y urgente para garantizar la continuidad del transporte público, considerado esencial para la movilidad, el empleo y la cohesión social en todo el país.