El Senado argentino aprobó este jueves la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa que busca modificar el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en áreas periglaciares que no cumplan funciones hídricas comprobadas. La votación, que culminó con 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención, fue celebrada por altos funcionarios del Gobierno, quienes presenciaron el desenlace desde los palcos del recinto.

La reforma, impulsada por el oficialismo, responde a un compromiso asumido con los gobernadores de provincias cordilleranas, quienes demandaban una legislación más flexible para destrabar inversiones en minería e hidrocarburos. El proyecto mantiene la prohibición de actividades económicas en glaciares, pero abre la posibilidad de desarrollo en áreas periglaciares que no sean consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos. Además, crea un nuevo Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la coordinación de la Secretaría de Energía.

La sesión estuvo marcada por incidentes en las afueras del Congreso, donde fuerzas de seguridad detuvieron a activistas de Greenpeace y reprimieron a un camarógrafo que intentaba registrar los hechos. En el recinto, el debate reflejó la polarización política: mientras senadores oficialistas defendieron la reforma como una solución a la "ambigüedad jurídica" y un paso hacia el federalismo ambiental, la oposición y organizaciones ambientalistas alertaron sobre el riesgo de debilitar la protección de reservas de agua dulce y la posible incompatibilidad con acuerdos internacionales como el UE-Mercosur.

El Gobierno, a través de un comunicado, celebró la media sanción y afirmó que la reforma "salda un reclamo histórico" de las provincias mineras, garantizando el derecho a un ambiente sano sin renunciar al desarrollo económico. Sin embargo, voces críticas sostienen que la iniciativa representa un retroceso institucional y podría poner en peligro la seguridad hídrica y la confianza de inversores internacionales.

El debate sobre la reforma continuará en la Cámara de Diputados, donde se espera que las discusiones sobre el equilibrio entre protección ambiental y desarrollo productivo sigan generando controversia. El resultado final podría tener implicaciones significativas para el futuro de la política ambiental y económica argentina.