El Partido Justicialista bonaerense logró este sábado un acuerdo de unidad tras intensas negociaciones internas, en un contexto de fuerte polarización política y crisis económica. El congreso partidario, celebrado en el municipio de Merlo, facultó a Máximo Kirchner, presidente del PJ provincial, y a una mesa colegiada de cinco miembros a conformar alianzas electorales con otras fuerzas de cara a los comicios del 7 de septiembre.

La mesa estará integrada por Kirchner, la vicegobernadora Verónica Magario, la intendenta de Moreno Mariel Fernández, el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y el intendente de Lomas de Zamora Federico Otermín. El acuerdo establece que las decisiones deberán contar con la firma de al menos dos de estos representantes, garantizando la equidad entre los distintos sectores del peronismo, en particular el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) liderado por Axel Kicillof.

Durante el encuentro, se lanzó la campaña “Argentina con Cristina”, que exige la liberación de la expresidenta Cristina Kirchner, actualmente bajo prisión domiciliaria, y de la concejal Eva Mieri, detenida en Ezeiza. El documento oficial del PJ denunció la persecución política contra militantes y dirigentes peronistas, y reclamó el cese de estas acciones.

El acuerdo fue interpretado como una muestra de madurez política, aunque persisten las desconfianzas entre los distintos espacios. Dirigentes de ambos sectores coincidieron en la necesidad de evitar rupturas y fortalecer la unidad para enfrentar al oficialismo nacional. Sin embargo, la conformación definitiva de las listas y la posibilidad de un frente alternativo en caso de fracasar la unidad siguen siendo temas abiertos.

El plazo para la inscripción de alianzas vence el 9 de julio, mientras que la presentación de listas está prevista para el 19 de julio. El peronismo bonaerense busca así reposicionarse en un escenario político desafiante, marcado por la crisis económica y la polarización, con la mirada puesta en evitar una derrota que podría tener consecuencias políticas y judiciales para sus principales referentes.