Un grave escándalo sacudió a la Policía de Tucumán tras la detención y baja inmediata del ex jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán, y otros agentes, acusados de utilizar a presos para realizar trabajos de albañilería en una vivienda de su propiedad en El Cadillal. La investigación reveló que, durante aproximadamente dos meses, Beltrán y sus subalternos trasladaron a cuatro detenidos, algunos condenados por abuso sexual, desde comisarías hacia la casa en construcción, sin autorización judicial ni registro oficial de los movimientos.

La maniobra fue descubierta tras una denuncia anónima y una investigación reservada del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía. Según la fiscal Mariana Rivadeneira, los traslados se realizaron utilizando vehículos y recursos oficiales, y los libros de guardia fueron falseados para ocultar el destino real de los presos. El terreno donde se realizaban los trabajos sería propiedad de la Provincia y parte de loteos ilegales, lo que agrava la situación de los implicados.

El gobernador Osvaldo Jaldo reaccionó con rapidez, ordenando la baja inmediata de los involucrados y la apertura de sumarios administrativos. "No habrá tolerancia: impunidad cero", afirmó Jaldo, quien destacó la importancia de separar el accionar individual de los agentes de la labor general de la fuerza policial. El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, remarcó que la depuración interna continuará y que todos los responsables serán puestos a disposición de la Justicia.

El juez Eduardo González dictó prisión preventiva para Beltrán y dos agentes, mientras la fiscalía investiga posibles delitos adicionales, como vejaciones y encubrimiento. El caso fue declarado de trámite complejo y ha generado un intenso debate sobre la necesidad de reformas estructurales en la policía provincial. Dirigentes y expertos en seguridad han señalado que el episodio evidencia fallas profundas en el control interno y la transparencia de la fuerza.

Mientras tanto, los familiares de los detenidos aportaron testimonios sobre los traslados y el uso de recursos públicos, y la investigación continúa con el análisis de teléfonos celulares y material de videovigilancia. El escándalo ocurre en un contexto de reducción de índices delictivos en Tucumán, pero pone en cuestión la efectividad de los mecanismos de control y la integridad institucional. El proceso de depuración policial seguirá en todas las dependencias, según aseguró el gobernador, quien enfatizó que "todo dentro de la ley, nada fuera de la ley" será la consigna para el futuro de la fuerza.