El Gobierno nacional oficializó este jueves el Decreto 433/2025, que introduce cambios significativos en el régimen de licencias para servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y radiodifusión por suscripción. La medida, publicada en el Boletín Oficial, modifica los artículos 95 de la Ley 27.078 y 30 de la Ley 26.522, con el objetivo de agilizar los trámites administrativos y facilitar el ingreso de nuevos operadores al sector.

Según el texto oficial, se elimina el procedimiento de oposición ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que permitía a prestadores ya registrados objetar la entrada de nuevos competidores durante un plazo de 30 días hábiles. Esta instancia era considerada obsoleta y, según el Ejecutivo, generaba demoras innecesarias que desalentaban la competencia y la inversión en el sector.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que la reforma "corrige una anomalía por la que la casta empresaria lograba usar al Estado, incluso a la Comisión de Defensa de la Competencia, para restringir la competencia". Además, subrayó que la nueva normativa simplifica el acceso al mercado, especialmente para cooperativas y entidades sin fines de lucro, que ya no deberán atravesar complejos trámites para obtener licencias de servicios TIC o de televisión por cable.

El decreto también redefine el rol del ENACOM, que continuará como autoridad de aplicación y fiscalización, pero sin la obligación de requerir dictámenes antimonopólicos previos en cada solicitud. Asimismo, se establecen obligaciones específicas para prestadores vinculados a concesiones públicas, como la necesidad de mantener unidades de negocio separadas y evitar prácticas anticompetitivas.

La reforma se apoya en las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por la Ley de Bases 27.742, que declaró la emergencia pública en diversas áreas y habilitó la simplificación de procedimientos en sectores estratégicos. El Gobierno sostiene que la medida impactará positivamente en los usuarios y consumidores, al fomentar la competencia, mejorar la calidad del servicio y reducir los precios.

En un contexto de crisis fiscal y búsqueda de eficiencia estatal, la eliminación de trabas administrativas en el sector de las telecomunicaciones es vista como un paso más en la estrategia de modernización y liberalización impulsada por el Ejecutivo. El nuevo marco normativo ya rige desde su publicación y se espera que facilite la llegada de nuevas inversiones y operadores al mercado argentino.