El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires encabezó el Primer Encuentro por la Protección Digital Infantil, en respuesta al creciente riesgo que enfrentan niños y adolescentes en entornos digitales. La ministra Mercedes Miguel destacó la urgencia de establecer límites claros ante el avance de casos de grooming, autolesiones y adicción a pantallas, y propuso que la Ciudad se convierta en referente nacional en políticas de protección digital.

Durante la jornada, más de veinte especialistas de tecnología, educación, sociedad civil y organismos internacionales como UNICEF debatieron sobre la necesidad de consensuar estándares de seguridad y exigir mayor transparencia a las empresas tecnológicas. "Estamos ante una pileta sin bordes. Como Estado nos corresponde poner esos bordes para cuidar a los chicos", afirmó Miguel. El gobierno porteño ya implementó medidas como el bloqueo de sitios de apuestas y la regulación del uso de celulares en escuelas públicas.

Datos presentados por los expertos revelan que el 95% de los chicos de 9 a 17 años tiene celular con acceso a internet, y que uno de cada tres se encontró con desconocidos online. Además, el 27% accedió a contenidos sobre suicidio y la mitad reconoce un uso problemático de la tecnología. La mediación parental activa puede reducir los riesgos en un 40%.

El debate incluyó posturas diversas sobre la prohibición total de dispositivos, con consenso en la necesidad de regulación y acompañamiento adulto. Se subrayó la importancia de fortalecer la formación docente, promover acuerdos familiares y exigir a las plataformas estándares similares a los europeos. La ministra anticipó que la propuesta será presentada ante el Consejo Federal de Educación, con la intención de impulsar una política nacional y regional de protección digital infantil.

El encuentro marcó el inicio de una agenda que busca generar evidencia local, involucrar a todos los actores y construir un modelo escalable de protección digital, inspirado en marcos normativos internacionales. El desafío, según los participantes, es equilibrar el acceso a la tecnología con la protección de la salud y los derechos de niños y adolescentes.