Un escándalo de corrupción ha sacudido la provincia de Chaco, Argentina, con la detención de Fernando Adrián Ayala y la entrega voluntaria de Walter Pasko, ambos acusados de liderar una red de lavado de dinero y evasión fiscal mediante facturas falsas. Este caso, conocido como "La Rosadita de Chaco", involucra a funcionarios y cooperativas vinculadas al gobierno del exgobernador Jorge Capitanich.

Fernando Adrián Ayala fue detenido en su vivienda en Resistencia, donde se encontraron armas, municiones y videos que lo muestran contando grandes sumas de dinero en efectivo, incluso con la ayuda de menores de edad. Por su parte, Walter Pasko, señalado como el contador de la organización, se entregó voluntariamente tras varios días prófugo. Ambos están procesados por liderar una asociación ilícita y lavado de dinero, con un monto defraudado que supera los 150 millones de pesos.

La investigación, que comenzó en 2022, reveló una red de empresas fantasma que emitían facturas apócrifas para evadir impuestos y justificar movimientos de dinero ilícito. Estas operaciones se realizaban con organismos del gobierno chaqueño, como el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) y varios ministerios, durante la gestión de Jorge Capitanich. Además, se investiga la posible conexión con otros casos de corrupción en la provincia, incluyendo a Ramón "Tito" López, un dirigente piquetero detenido por lavado de dinero.

La fiscalía ha solicitado prisión preventiva para Ayala y Pasko, argumentando riesgos de fuga y obstrucción de la justicia. En los allanamientos realizados, se secuestraron documentos, dispositivos electrónicos y vehículos que podrían ser clave para la causa. La justicia también busca determinar el alcance total de la red y los beneficiarios de las maniobras ilícitas.

Este caso ha generado un fuerte debate en Chaco, reavivando sospechas sobre vínculos entre la corrupción y el poder político. La sociedad chaqueña exige respuestas y justicia, mientras la oposición utiliza el caso para criticar la gestión de Capitanich y exigir mayor transparencia. La fiscalía continúa investigando, y se esperan nuevos avances en los próximos días.