En General Madariaga, provincia de Buenos Aires, se ha desatado un escándalo que involucra al PAMI, la obra social de los jubilados. El intendente Esteban Santoro presentó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal especializada en el PAMI, acusando a la institución de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y fraude. Según la denuncia, más de 10,000 afiliados fueron reasignados de hospitales municipales a clínicas privadas sin previo aviso, afectando gravemente la atención médica y el financiamiento de los hospitales públicos.

El caso más emblemático es el del hospital municipal de Madariaga, que perdió 3,000 cápitas, dejando a pacientes en el limbo y generando pérdidas económicas significativas. La clínica privada beneficiada, el Instituto Médico Madariaguense, recibiría más de 80 millones de pesos mensuales por servicios que, en muchos casos, no presta. Situaciones similares se han reportado en municipios como Villa Gesell y Pinamar, donde los hospitales locales también han sufrido desfinanciamiento.

El abogado del municipio de Madariaga, Leandro Alonso, denunció que "más manoseo al afiliado imposible de imaginar" y pidió una pericia informática para investigar el sistema del PAMI. Por su parte, el secretario de Salud de Villa Gesell, Jorge Villalba, señaló que el hospital geselino pierde 12 millones de pesos mensuales debido a estas maniobras y exigió una intervención urgente de las autoridades nacionales.

Este escándalo no es aislado. En Jujuy, afiliados del PAMI fueron derivados a una clínica vinculada a un diputado libertario, lo que refuerza las sospechas de un patrón de irregularidades en la obra social. Además, en 2021 se reportaron casos similares bajo otra gestión, aunque fueron anulados.

El actual titular del PAMI, Esteban Leguizamón, fue designado por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien tiene vínculos con el sector privado. Esta situación ha generado críticas hacia la gestión del PAMI y su aparente desfinanciamiento de hospitales públicos en favor de clínicas privadas.

La denuncia presentada por Santoro podría destapar más casos similares en otros municipios, ampliando el alcance del escándalo. Mientras tanto, los hospitales municipales afectados y los afiliados del PAMI esperan respuestas y soluciones concretas para garantizar la continuidad de la atención médica de calidad.