El dirigente social Juan Grabois fue detenido el sábado tras encabezar la ocupación del Instituto Juan Domingo Perón, en la Ciudad de Buenos Aires, en protesta por el cierre de la institución dispuesto por el Gobierno nacional. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó la detención al señalar que hubo “flagrancia y acción violenta” y advirtió que, aunque Grabois fue liberado a las pocas horas, la causa judicial sigue abierta y deberá responder por los daños ocasionados en el edificio.

La toma, que involucró a unos 50 militantes del Frente Patria Grande y Argentina Humana, se produjo en el contexto de la disolución del Instituto Perón y la Comisión Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Perón, medida que el Gobierno justificó por considerar que ambas instituciones representaban “una carga presupuestaria injustificada” y no cumplían con su propósito de investigación histórica. Según fuentes oficiales, el instituto empleaba a 20 personas y generaba un gasto anual de más de 400 millones de pesos, destinando la totalidad de su presupuesto a salarios y mantenimiento.

Durante la ocupación, los manifestantes ingresaron por la cafetería “Un Café con Perón”, gestionada por una cooperativa que también está bajo investigación por presuntas irregularidades en el manejo de subsidios estatales. El ingreso al edificio se realizó mediante la rotura de una puerta de vidrio, lo que derivó en forcejeos con la Policía Federal y denuncias de retención de efectivos.

Tras su liberación, Grabois denunció persecución política y defendió la protesta como pacífica, mientras que desde el Gobierno se insistió en que “el que usurpa, va preso” y se remarcó la decisión de trasladar los bienes históricos a la Biblioteca Nacional y otros organismos para su preservación. El episodio reavivó la polémica sobre el uso de bienes estatales, el financiamiento de cooperativas y el destino de la memoria histórica en el país. El futuro del edificio, declarado Patrimonio Histórico, aún está en discusión, mientras el oficialismo sostiene que el cierre es parte de la optimización del Estado y la oposición denuncia persecución y ajuste ideológico.