El gobierno de Javier Milei logró en febrero de 2026 la media sanción de la reforma laboral y la reducción de la edad de imputabilidad, dos iniciativas que el oficialismo calificó como "históricas". Estos avances legislativos, obtenidos tras intensas negociaciones con la CGT y gobernadores, marcan un hito político para la administración libertaria, que busca consolidar su agenda de reformas estructurales.

Sin embargo, el contexto económico presenta desafíos significativos. La inflación anual ronda el 32%, con incrementos mensuales que superan el 2,8% en diciembre y el 2,9% en enero, según datos oficiales. A pesar de los esfuerzos del gobierno por controlar los precios mediante un ajuste fiscal considerado el más importante de la historia reciente, los salarios registrados han perdido poder adquisitivo durante cuatro meses consecutivos. La canasta básica alimentaria creció casi un 4% en enero, y el ingreso promedio de una familia pobre representa solo la mitad de lo necesario para no ser considerada en situación de pobreza.

El mercado laboral también muestra signos de deterioro. En el último año se perdieron más de 435 mil empleos, cifra que asciende a 561 mil desde el inicio de la gestión de Milei. La capacidad instalada de la industria se sitúa en apenas el 53,8%, y el consumo registra una caída del 14% en el primer año de gobierno. Empresarios y sindicatos han manifestado su preocupación ante el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtiendo sobre el riesgo de una recesión prolongada si no se produce una recuperación en el corto plazo.

En el plano político, la media sanción de la reforma laboral y la ley penal juvenil fue posible gracias a concesiones clave, como la conservación de la cuota sindical y el impuesto a las ganancias para las provincias. La vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra Patricia Bullrich jugaron roles destacados en la articulación parlamentaria, aunque persisten tensiones internas en el oficialismo.

El debate sobre el impacto real de las reformas sigue abierto. Mientras el gobierno sostiene que la flexibilización laboral y el ajuste fiscal sentarán las bases para el crecimiento, críticos y analistas advierten sobre el empeoramiento de las condiciones de vida y la persistencia de problemas estructurales como la inflación y la informalidad. La renuncia de Marco Lavagna al INDEC ha sumado incertidumbre sobre la transparencia de los datos oficiales.

A nivel regional, la experiencia argentina contrasta con la de países vecinos, donde la informalidad y la inflación presentan desafíos similares, aunque en menor escala. El futuro económico del país dependerá, según los analistas, de la capacidad del gobierno para combinar estabilidad macroeconómica con políticas que impulsen el empleo y el consumo.