La Justicia argentina ordenó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros ocho condenados en la causa Vialidad devolver al Estado $684.990 millones, cifra actualizada por peritos de la Corte Suprema de Justicia. El monto, que representa unos 537 millones de dólares al cambio actual, corresponde a los perjuicios económicos ocasionados por sobreprecios, cartelización y obras no realizadas en 51 contratos de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El Tribunal Oral Federal 2, que dictó la condena en diciembre de 2022, otorgó un plazo de diez días para que los condenados depositen el dinero. En caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución y remate de los bienes embargados, que incluyen propiedades, cuentas bancarias, acciones de empresas y vehículos. Entre los condenados, además de la ex presidenta, figuran el empresario Lázaro Báez y varios exfuncionarios.

El fiscal Diego Luciani subrayó la gravedad del daño social causado y solicitó que los fondos recuperados sean destinados a necesidades sociales como salud, educación e infraestructura. "El decomiso es fundamental para reparar el daño social provocado por hechos de corrupción de magnitud inédita", afirmó Luciani.

Cristina Kirchner, quien cumple una condena de seis años en su domicilio, ha negado los cargos y sostiene que es víctima de persecución política y judicial. Por su parte, la legisladora Graciela Ocaña reclamó que los condenados pierdan todo su patrimonio y cuestionó el sistema de jubilaciones de privilegio para exmandatarios condenados.

La causa Vialidad fue el primer juicio oral que resultó en una condena para la ex presidenta, y se espera que enfrente otros procesos judiciales en el futuro. El destino final de los fondos recuperados aún está en discusión, aunque la ley prevé que pasen al presupuesto del Poder Judicial, mientras fiscales y sectores políticos reclaman un uso social para reparar el daño al Estado.