Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en el gremio Coad ratificaron un paro de actividades que se extenderá desde el martes 16 hasta el viernes 19 de junio, en rechazo al acuerdo salarial alcanzado entre el gobierno nacional y otras federaciones universitarias. La medida, que suma la quinta semana de huelga en lo que va del año, fue respaldada por el 83% de los docentes consultados en una votación interna realizada la semana pasada.

El conflicto se centra en la demanda de una recomposición salarial acorde a la pérdida de poder adquisitivo sufrida desde diciembre de 2023 y en el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Según el gremio Coad, la ley establece que los salarios docentes deben equipararse al poder de compra de fines del año pasado, lo que implicaría un aumento del 53,8%. Sin embargo, el acuerdo firmado por otras federaciones universitarias contempla un incremento del 21,33% y un 3% adicional en octubre, cifras que los docentes rosarinos consideran insuficientes.

“La garantía salarial, que con el acta acuerdo firmada queda en $1.497.941,97 brutos mensuales para el docente de dedicación exclusiva, significa un sueldo neto que queda por debajo de la línea de la pobreza, según los datos del Indec”, señalaron desde Coad. Además, remarcaron que el gobierno nacional incumple la ley desde hace 234 días y reclamaron una definición urgente de la Corte Suprema de Justicia sobre la normativa.

El paro se desarrolla en coordinación con otros 28 sindicatos universitarios de base y se suma a una serie de acciones de protesta, como movilizaciones, asambleas y la recolección de firmas para exigir la aplicación plena de la ley. Mientras tanto, el gobierno sostiene que, tras el acuerdo alcanzado, la situación de emergencia universitaria ha sido superada, aunque los gremios disidentes insisten en que el conflicto sigue abierto.

La situación genera preocupación en la comunidad universitaria, que acompaña el reclamo docente con distintas iniciativas de visibilización y petitorios judiciales. El desenlace del conflicto dependerá, en parte, de la respuesta de la Corte Suprema y de la voluntad del gobierno nacional de avanzar en una recomposición salarial que satisfaga las demandas del sector.