Empresas vinculadas al empresario Leonardo Scatturice recibieron contratos por más de 2.000 millones de pesos del Ministerio de Economía argentino, encabezado por Luis "Toto" Caputo, según revelaron diversas fuentes periodísticas. Las adjudicaciones, concentradas en servicios tecnológicos como protección de correos electrónicos, adquisición de servidores y hardware para teleconferencias, han generado controversia por los estrechos lazos de Scatturice con el oficialismo y la ultraderecha internacional.

El caso cobró notoriedad tras el escándalo de un vuelo privado, propiedad de Scatturice, que arribó al Aeroparque metropolitano el 26 de febrero con diez valijas que no fueron inspeccionadas por la Aduana. La falta de controles aduaneros y la ausencia de explicaciones claras por parte del gobierno alimentaron sospechas sobre posibles irregularidades. El vocero presidencial, Manuel Adorni, evitó responder preguntas sobre el tema, mientras que Juan Pazo, funcionario del Ministerio de Economía, sostuvo que "no todo el equipaje que llega a la Argentina pasa por los scanners", sin detallar los criterios de selección.

En paralelo, el diputado nacional Rodolfo Tailhade denunció que otra empresa de Scatturice, Tactic Global, fue contratada por la Secretaría de Inteligencia (SIDE) para realizar lobby en Estados Unidos, lo que motivó pedidos de investigación parlamentaria. Tailhade también señaló la rápida adjudicación de contratos a OCP Tech, la principal firma de Scatturice, y la suspensión de una licitación de 15 millones de dólares con Trenes Argentinos tras la exposición mediática del empresario.

Scatturice, quien recientemente adquirió la aerolínea FlyBondi, mantiene vínculos con Santiago Caputo, asesor presidencial y sobrino del ministro de Economía. Su rol como nexo con la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y la llegada de inversores extranjeros en vuelos privados refuerzan su perfil internacional y su influencia en el gobierno libertario.

El presidente Javier Milei y el ministro Caputo han intentado distanciarse públicamente del empresario, negando vínculos personales y minimizando el escándalo de las valijas. Sin embargo, la oposición insiste en la necesidad de esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en la adjudicación de contratos estatales. El caso recuerda a episodios de corrupción previos en la política argentina y plantea interrogantes sobre el control y la supervisión de los negocios públicos en la actual administración.