La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner volvió a ocupar un lugar central en la agenda política argentina tras nuevas restricciones impuestas a su prisión domiciliaria y el decomiso de bienes ordenado por el juez Jorge Gorini. Estas medidas, que también afectan a sus hijos, han sido duramente cuestionadas por la defensa de la ex Presidenta, que sostiene que carecen de fundamentos legales sólidos y vulneran derechos constitucionales.

El juez Gorini argumentó que las restricciones a las visitas de CFK se deben a supuestas irregularidades en reuniones políticas realizadas en su domicilio, aunque no citó leyes específicas para fundamentar su decisión. Además, el decomiso de bienes fue apelado por los abogados de la familia Kirchner, quienes señalaron antecedentes judiciales recientes que desestiman este tipo de medidas cuando no existe una relación directa entre los bienes y los delitos imputados.

En paralelo, Cristina Fernández de Kirchner presentó un documento económico que propone un modelo productivo y federal para la Argentina, en contraposición a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. Según la ex mandataria, su propuesta busca reactivar la industria, mejorar la equidad fiscal y fortalecer la participación de los trabajadores en el ingreso nacional. CFK denunció que el trasfondo de las medidas judiciales y mediáticas en su contra responde a su posicionamiento político y a la presentación de este nuevo modelo económico.

El contexto político y judicial argentino sigue marcado por la polarización y el debate sobre la independencia de la justicia. Mientras sectores oficialistas y parte de los medios sostienen la necesidad de avanzar en causas de corrupción y garantizar la transparencia, la oposición y analistas críticos denuncian la utilización del aparato judicial como herramienta de persecución política, fenómeno conocido como lawfare.

La situación de CFK y las discusiones en torno a su figura reflejan las tensiones persistentes en la política argentina, donde la relación entre justicia, medios y poder político continúa siendo objeto de controversia. El desenlace de estos procesos podría tener implicancias significativas para el futuro institucional y económico del país.