Una joven cantante e influencer argentina, Valentina Olguín, se encuentra en el centro de un escándalo judicial tras ser acusada de utilizar datos fiscales de cinco gobernadores para realizar compras de ropa en el exterior. La maniobra, que salió a la luz gracias a una denuncia del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ha puesto en evidencia la fragilidad de los controles aduaneros y la seguridad de los datos personales en el país.

Según la investigación, Olguín, de 26 años y oriunda de Santiago del Estero, utilizó los datos fiscales de Jaldo, Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Poggi (San Luis) para superar el límite de cinco compras anuales permitido por la Dirección General de Aduanas. Las compras, realizadas en la tienda estadounidense "Revolve", eran entregadas en su domicilio en el barrio porteño de Núñez.

El caso comenzó cuando Jaldo recibió notificaciones de compras que no había realizado y decidió presentar una denuncia. "Esto le puede pasar a cualquiera. No usaron mi dinero ni mi tarjeta, pero sí mi nombre y mis datos para operar ilegalmente", declaró el gobernador. La justicia federal, encabezada por el fiscal Agustín Chit y el juez José Manuel Díaz Vélez, inició una investigación que incluyó un allanamiento en el domicilio de Olguín, donde se encontraron ropa importada, electrodomésticos y documentación relevante.

Olguín admitió parcialmente los hechos, argumentando que obtuvo los datos a través de búsquedas en Google y que actuó "desde la ignorancia". Sin embargo, la justicia considera que existen pruebas suficientes para sostener que actuó con conocimiento y voluntad de defraudar. El delito de contrabando simulado, por el que se la investiga, está tipificado en el Código Aduanero y contempla penas de entre dos y ocho años de prisión.

El caso ha generado reacciones diversas. Jaldo calificó la situación como "grave" y pidió al gobierno nacional mejorar los controles de importación. Desde la Aduana se alertó sobre la importancia de revisar notificaciones electrónicas para evitar fraudes similares. Por su parte, Olguín expresó arrepentimiento y afirmó que está dispuesta a colaborar con la justicia.

Este incidente no solo afecta a los gobernadores involucrados, sino que también pone en evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de control y protección de datos en Argentina. La resolución del caso podría sentar un precedente importante en materia de seguridad fiscal y aduanera.