El Gobierno argentino se encuentra evaluando cambios en los aportes patronales y en los reintegros a las exportaciones, en respuesta a los reclamos de sectores industriales que atraviesan una fuerte crisis por la caída del consumo y la apertura de importaciones. La propuesta más avanzada proviene del sector textil, que solicita que el 100% de los aportes patronales se descuenten del IVA. Sin embargo, fuentes oficiales indicaron que el Ejecutivo solo consideraría aplicar un porcentaje inicial de este beneficio, con la posibilidad de extenderlo gradualmente a otros sectores intensivos en mano de obra, como el calzado y la metalmecánica.

Según datos sectoriales, estos tres rubros concentran entre el 70% y el 80% de los empleos perdidos durante la gestión de Javier Milei. El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció ante la Unión Industrial Argentina (UIA) que la medida está bajo análisis, pero advirtió: “Tengo que hacer un presupuesto realista”. El equilibrio fiscal sigue siendo la prioridad del Gobierno, que busca evitar una reducción abrupta de la recaudación.

En cuanto a los reintegros a las exportaciones, el Ejecutivo estudia incrementos graduales, priorizando a sectores con mayor valor agregado, como la industria manufacturera y las economías regionales. Actualmente, los reintegros varían entre el 2% y el 8%, siendo menores para exportadores de materias primas. Entre enero y noviembre, el IVA aportó el 31,2% de la recaudación y los aportes patronales el 23,4%, mientras que los reintegros a exportaciones representaron el 4,2%.

El contexto económico es complejo: la recaudación fiscal de noviembre fue la más baja en dos décadas y el empleo formal se encuentra en retroceso, con más del 70% de los trabajadores cobrando menos de un millón de pesos. Analistas y empresarios advierten sobre el deterioro del consumo y la calidad de vida, mientras el Gobierno sostiene que la prioridad es mantener el equilibrio de las cuentas públicas. El debate entre reactivación industrial y disciplina fiscal continúa abierto, con consecuencias directas sobre el empleo y la recaudación tributaria.