La reciente decisión del gobierno nacional de otorgar prioridad de uso de una línea eléctrica de 500 kV al megaproyecto minero Vicuña, liderado por la multinacional BHP, ha generado una fuerte controversia en la provincia de San Juan. La medida, que permite al proyecto utilizar hasta el 90% de la capacidad de transporte eléctrico durante 25 años, fue recibida con preocupación por autoridades provinciales, legisladores y cámaras empresariales locales.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicó la resolución que habilita a Vicuña a financiar obras de ampliación de la red eléctrica y, a cambio, acceder prioritariamente a la capacidad generada. Esta decisión se enmarca en la Ley de Bases y la resolución 311/25, que buscan incentivar inversiones privadas en infraestructura energética ante la falta de recursos estatales.

Sin embargo, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan y el diputado nacional Cristian Andino han solicitado informes y explicaciones al Ejecutivo nacional, cuestionando la falta de consulta y el posible impacto sobre el desarrollo productivo y energético de la provincia. "La energía es un recurso estratégico para el desarrollo de San Juan. Por eso creemos fundamental que exista transparencia en las decisiones vinculadas al uso de infraestructura eléctrica clave para la provincia", expresó Andino.

El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, y la Cámara de Servidores Mineros de Calingasta (CASEMICA) anunciaron acciones legales y administrativas para frenar la medida, argumentando que la infraestructura fue financiada con fondos públicos y debe beneficiar a toda la comunidad. "Esos son los recursos que vienen para mejorar la situación de la calidad de vida de los ciudadanos, no para un proyecto en particular", sostuvo Adolfo Ibaceta, presidente de CASEMICA.

Desde el sector minero nacional, otras empresas advierten que la prioridad otorgada a Vicuña podría generar competencia desigual y dificultar el acceso a energía para futuros proyectos. No obstante, representantes de Vicuña y del ENRE aclararon que la prioridad de uso se limita a la capacidad adicional financiada por la empresa y no implica exclusividad sobre la red existente.

La controversia pone de manifiesto el histórico déficit de infraestructura eléctrica en Argentina y la necesidad de encontrar mecanismos que equilibren la atracción de inversiones privadas con la protección del interés público y el desarrollo regional. El caso Vicuña podría convertirse en un precedente clave para el futuro de la política energética y minera en el país.