En la última audiencia del juicio por la causa Cuadernos, empleados de la ex AFIP, actualmente en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), brindaron detalles sobre las maniobras empleadas por empresarios para extraer fondos en efectivo de contratos de obra pública adjudicados durante los gobiernos kirchneristas. Según los testimonios, las empresas formaban uniones transitorias (UTE) para proyectos específicos y, tras recibir adelantos estatales, contrataban proveedores considerados "no confiables" que emitían facturas apócrifas. Estos egresos se registraban como gastos comerciales ordinarios, permitiendo la salida de dinero sin respaldo documental.

Uno de los casos más destacados fue el de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio, adjudicada en 2007 a Isolux Corsán por más de 2.000 millones de pesos. Empleados de la ex AFIP detectaron que parte de los fondos fue transferida, a través de intermediarios en Nueva York, a cuentas en la Banca Privada de Andorra. "Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa", declaró una de las testigos.

En el caso de la UTE integrada por SACDE e IECSA, vinculada al soterramiento del tren Sarmiento, se realizaron operaciones de compra de dólares en efectivo por aproximadamente tres millones de dólares, entregados a apoderados de la UTE. La testigo María Marta Criscuolo precisó: "Nosotros circularizamos a la empresa y nos informaron que los dólares habían sido entregados a apoderados de la UTE en efectivo".

Las declaraciones también incluyeron relatos sobre presiones laborales y cambios de puesto sufridos por los empleados tras detectar irregularidades. El juicio, que involucra a exfuncionarios, empresarios y a la ex presidenta Cristina Kirchner, continúa la próxima semana con nuevas citaciones de testigos.

El caso Cuadernos investiga una red de sobornos y desvío de fondos en la obra pública entre 2003 y 2015, apoyándose en confesiones de empresarios y documentación fiscal y bancaria. Las defensas de los empresarios cuestionaron la pertinencia de algunas preguntas y la relación con otras causas, mientras la fiscalía sostiene que la información presentada es clave para sustentar las acusaciones.