El gobierno nacional enfrenta una crisis política tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se mencionan presuntos pedidos de coimas y negociados con medicamentos para personas con discapacidad. Los audios involucran directamente a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y a Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional, así como a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

La remoción de Spagnuolo y otros funcionarios de ANDIS fue anunciada por la Vocería Presidencial como una medida preventiva, en medio de acusaciones de "utilización política de la oposición en año electoral". Sin embargo, la crisis se profundizó con la presentación de denuncias judiciales por contrataciones millonarias sin licitación, que vinculan a la droguería Suizo Argentina SA y a empresas de la familia Menem, como Tech Security SRL y GenTech Argentina SA.

En La Rioja, el escándalo generó fuertes tensiones familiares y políticas. Alfredo Menem, ministro de Desarrollo de la provincia, y Yamil Menem, dirigente peronista, expresaron públicamente su vergüenza y criticaron la implicación de sus primos en hechos de corrupción. "Están metidos en todos los hechos de corrupción comprobables del Gobierno de Milei", afirmó Alfredo Menem, mientras Yamil Menem sostuvo que "el apellido Menem queda avergonzado con todo lo que está sucediendo".

La denuncia penal presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual fue radicada en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, quien dispuso allanamientos y dictó secreto de sumario. La causa se apoya en publicaciones periodísticas y en la declaración de Spagnuolo, quien en los audios acusa a Karina Milei y Lule Menem de participar en un esquema de retornos en la compra de medicamentos.

El escándalo se produce en un contexto de recortes en pensiones para personas con discapacidad y disputas por fondos coparticipables en La Rioja, lo que agrava el malestar social y político. En la Casa Rosada, se especula con posibles cambios en el gabinete y desplazamientos de figuras implicadas, mientras analistas advierten sobre el impacto político y la necesidad de profesionalizar la gestión. El gobierno, por su parte, sostiene que la crisis responde a maniobras de la oposición y busca contener el daño institucional.