La reciente instalación de una tranquera metálica en la ruta provincial 12, en las cercanías de Gualjaina, Chubut, ha generado un intenso debate sobre derechos de propiedad, acceso público y reclamos ancestrales. Luciana Zárate, propietaria del campo atravesado por el trazado, colocó la estructura alegando motivos de seguridad y la necesidad de proteger su propiedad ante robos y daños reiterados.

Según Zárate, la tranquera no impide el paso, ya que permanece sin candado y cualquier persona puede abrirla. "La gente se enojó porque escuchó que cerré la ruta, pero la ruta a Gualjaina sigue abierta", afirmó en declaraciones radiales. Además, desmintió versiones sobre la participación de un inversor extranjero, aclarando que es ella quien reside y trabaja en el lugar.

El conflicto se intensificó cuando integrantes de una comunidad mapuche denunciaron que la medida restringe el acceso y aísla a familias de la zona. Zárate, por su parte, sostiene que ha sido víctima de amenazas y hostigamiento por parte de miembros de la comunidad, y que la colocación de la tranquera fue notificada a las autoridades correspondientes.

La Dirección de Vialidad Provincial respaldó la acción de Zárate, argumentando que el tramo de la ruta se encuentra dentro de una propiedad privada y que el Estado nunca completó el proceso de expropiación necesario para su uso público. "El pórtico de hierro no constituye una invasión de hecho sobre el patrimonio público, sino la delimitación de una propiedad privada legítima", señaló el organismo en un comunicado.

Sin embargo, el intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri, expresó su descontento y analiza posibles acciones legales, considerando que la ruta fue construida con fondos públicos y debería garantizarse el acceso a los habitantes de la región. Desde el municipio se cuestiona la postura provincial y se señala que la demora en la regularización de la traza perjudica a la comunidad.

Por su parte, voceros mapuches y vecinos afectados denuncian el cierre de caminos ancestrales y la afectación de recursos hídricos, en un contexto de disputas históricas por la tierra y recientes leyes provinciales que, según denuncian, agravan la situación de los pueblos originarios.

El caso, que se viralizó a través de redes sociales y medios nacionales, pone en evidencia la complejidad de los conflictos territoriales en la Patagonia y la necesidad de soluciones institucionales que contemplen tanto los derechos de propiedad como los reclamos de las comunidades locales.