El empresario Marcelo Porcel, conocido por su trayectoria en el sector financiero y comercial, enfrenta una investigación judicial por presuntos abusos sexuales y corrupción de menores cometidos contra al menos diez compañeros de su hijo. La causa, radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50 de la Ciudad de Buenos Aires, ha generado conmoción y un intenso debate sobre la respuesta de la Justicia ante delitos de esta gravedad.

Según los expedientes judiciales y testimonios recabados, los hechos habrían ocurrido en distintos lugares, incluyendo la torre Le Parc de Puerto Madero, un departamento en Palermo y oficinas céntricas. Los menores, de entre 13 y 14 años, relataron en Cámara Gesell situaciones de tocamientos, masajes con crema, incentivos con dinero y alcohol, y la producción de imágenes de contenido sexual. "El imputado operaba bajo una matriz de conducta para captar menores", afirmó Pablo Hawlena Gianotti, abogado de las familias denunciantes.

Las pruebas reunidas incluyen peritajes informáticos, imágenes y chats grupales donde Porcel coordinaba encuentros y reforzaba la idea del secreto. Tras la apertura de la causa, la Justicia dispuso restricciones de acercamiento para el acusado y allanó sus domicilios y oficinas, secuestrando dispositivos electrónicos. Sin embargo, pese a la contundencia de las pruebas y los informes psicológicos, la Justicia aún no ha ordenado la indagatoria ni la detención preventiva de Porcel.

El fiscal Pablo Turano y la Defensoría de Menores solicitaron la indagatoria, pero no adhirieron al pedido de detención, argumentando que el imputado no presenta riesgo de fuga y tiene arraigo en el país. Porcel, actualmente en Uruguay con permiso judicial, no ha sido citado a declarar. La defensa de las víctimas insiste en la urgencia de su detención, mientras la causa sigue sumando denunciantes y pruebas.

El caso involucra al Colegio Palermo Chico y al club GEBA, instituciones donde los menores desarrollaban actividades. La investigación continúa, mientras crece la presión social y mediática para que la Justicia actúe con mayor celeridad y garantice la protección de los menores. El desenlace de la causa será clave para evaluar la respuesta institucional ante delitos de abuso infantil en ámbitos de alto perfil.