Un grave caso de maltrato infantil sacudió a la ciudad bonaerense de Balcarce tras la difusión de audios en los que Alejandra Género, presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia, y Marisa Benaduche, empleada del hogar, insultan y amenazan a niños bajo su cuidado. Las grabaciones, que circularon en medios locales y nacionales, revelan un clima de violencia verbal y humillaciones hacia al menos tres menores de entre 10 y 12 años, quienes residen en la institución por situaciones de vulnerabilidad familiar.

El episodio que desencadenó la intervención judicial ocurrió cuando uno de los niños, en medio de una crisis emocional por la posible separación de su hermano, rompió un vidrio. En ese contexto, Género y Benaduche respondieron con gritos, amenazas y frases como: “Te rompo la cara de una cachetada”, “Te hago dar una gran paliza afuera y no se entera nadie”, y advertencias de enviarlos a un reformatorio. Los audios, grabados por otra empleada, fueron incorporados a la causa judicial que ahora investiga la Justicia de Mar del Plata.

Ambas mujeres fueron apartadas de sus cargos y deberán presentarse a declarar el 17 de diciembre, imputadas por amenazas y coacción. El Juzgado de Familia N° 6 dictó una medida cautelar que les prohíbe acercarse a menos de 200 metros de los menores y mantener cualquier tipo de contacto con ellos. Además, se enviaron oficios a organismos de niñez y género para garantizar el resguardo de los niños afectados.

El intendente de Balcarce, Esteban Reino, calificó el hecho como de “gravedad institucional enorme” y subrayó la colaboración del municipio con la Justicia. Reino también destacó la urgencia de conformar una nueva comisión directiva para la institución y la importancia de que los responsables reciban un castigo ejemplar.

El caso generó conmoción en la comunidad y reavivó el debate sobre la supervisión y el funcionamiento de los hogares de menores en la provincia. Mientras la investigación avanza, los organismos estatales y municipales trabajan para asegurar la protección y el bienestar de los niños involucrados, en un contexto de fuerte demanda social por mayor control y transparencia en estas instituciones.