A menos de dos meses de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) enfrenta una crisis interna tras la filtración de audios y denuncias que involucran a sus principales armadores bonaerenses, Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio. Según trascendió en medios y testimonios de referentes internos, ambos dirigentes habrían negociado la venta de candidaturas y pactado acuerdos con el kirchnerismo para el armado de listas y el financiamiento de la campaña electoral.

El escándalo estalló cuando se difundió un audio en el que Carrancio, actual diputado provincial y vicepresidente de LLA en Buenos Aires, admite la existencia de un acuerdo político con el gobierno de Axel Kicillof. En la grabación, Carrancio detalla cómo se definieron candidatos y distritos clave, y cómo se financiaría la campaña con recursos públicos y aportes de intendentes oficialistas. "Tenemos un auto competitivo, pero si no le ponemos nafta… Ellos podrían analizar dar una mano a estos diez compañeros que podrían estar en la Cámara para que en sus secciones tengan algo de nafta", se escucha en el audio.

Las denuncias, impulsadas por el precandidato Cristian León y otros referentes de LLA, sostienen que se excluyó a liberales para favorecer a aliados del kirchnerismo y que se vendieron candidaturas en dólares. Además, se identificaron más de 200 designaciones políticas en organismos como ANSES y PAMI, muchas de ellas vinculadas a ex candidatos o familiares de referentes libertarios, en una estrategia de control territorial y contención interna.

El caso generó fuerte repercusión mediática y pedidos de investigación. Desde sectores opositores y del propio oficialismo bonaerense se exige esclarecer los hechos y sancionar posibles delitos. Las denuncias podrían derivar en presentaciones judiciales y reabrir causas previas.

El uso de cargos estatales y recursos públicos para fines partidarios es una práctica históricamente denunciada en la política argentina. En este contexto, la interna de LLA se intensifica de cara al cierre de listas y las elecciones del 7 de septiembre, mientras el oficialismo busca mantener el control de la Cámara baja y la principal fuerza opositora de derecha intenta consolidar su presencia territorial.