El gobierno de Javier Milei inicia 2026 con un marcado fortalecimiento político tras su victoria en las elecciones de medio término y la aprobación de leyes clave como el Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal. Este envión político, sumado al respaldo financiero de Estados Unidos, le otorga al oficialismo una posición de relativa comodidad para avanzar en su agenda de reformas estructurales, que incluyen la modernización laboral, la reforma tributaria y un endurecimiento del Código Penal.

En el plano económico, el Gobierno exhibe logros como el superávit fiscal y una inflación anual que ronda el 30%, con expectativas oficiales de reducirla al 10,1% según el Presupuesto 2026. Sin embargo, persisten desafíos significativos: la acumulación de reservas internacionales avanza lentamente y la sostenibilidad del esquema cambiario genera dudas entre analistas y mercados. El Ejecutivo ha recurrido a mecanismos transitorios, como el apoyo del FMI y swaps con Estados Unidos, para afrontar vencimientos de deuda que superan los 20.000 millones de dólares en el año.

El modelo económico impulsado por Milei prioriza la apertura, la desregulación y la atracción de inversiones en sectores como minería, energía y agroindustria. No obstante, la recuperación del empleo formal y el poder adquisitivo en los centros urbanos sigue siendo un desafío, ya que los sectores beneficiados por el crecimiento no son intensivos en mano de obra. Analistas advierten que, si bien el Gobierno goza de una "segunda luna de miel" política, deberá mostrar resultados concretos en materia de empleo e ingresos antes de abril para sostener el apoyo social y evitar tensiones.

En el frente político, la debilidad del peronismo y la fragmentación de la oposición han facilitado la consolidación del oficialismo, que ha logrado aprobar leyes con mayorías amplias en el Congreso. Sin embargo, persiste el riesgo de que el ímpetu reformista derive en errores si el Gobierno opta por imponer su agenda sin negociar. El respaldo de Estados Unidos es percibido como un factor de estabilidad, pero no resuelve los desafíos estructurales de la economía argentina, que aún enfrenta incertidumbres en el frente externo y en la generación de empleo de calidad.

De cara a los próximos meses, el Gobierno deberá equilibrar su agenda de reformas con la necesidad de atender las demandas sociales y consolidar la recuperación económica, en un contexto donde la tolerancia social podría agotarse si no se perciben mejoras tangibles en el bienestar de la población.