El Gobierno nacional enfrenta una crisis política tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se denuncia un presunto esquema de coimas que involucra a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a otros funcionarios cercanos al presidente Javier Milei. La difusión de estos audios generó una ola de repercusiones en el ámbito político y judicial, con pedidos de explicaciones y medidas urgentes.

La investigación judicial, encabezada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, avanzó rápidamente con más de diez allanamientos en distintos puntos del país. Durante estos operativos, se incautaron teléfonos celulares y grandes sumas de dinero en efectivo, incluyendo 266 mil dólares y siete millones de pesos, hallados en vehículos y domicilios de los principales implicados. Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina, fue interceptado en Nordelta con dinero y anotaciones que ahora son objeto de análisis por parte de los peritos judiciales.

Diego Spagnuolo, señalado como el autor de los audios y exfuncionario de la ANDIS, fue localizado en una vivienda de Pilar, donde la policía secuestró su teléfono celular, considerado clave para el avance de la causa. Las autoridades prohibieron la salida del país a Spagnuolo, los hermanos Kovalivker y Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, mientras se profundiza el análisis de los dispositivos electrónicos incautados.

En medio del escándalo, el vocero presidencial Manuel Adorni rompió el silencio oficial con un escueto mensaje en la red social X: "El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin". Por su parte, Karina Milei evitó referirse directamente al caso durante un acto de campaña en La Matanza, donde agradeció a la militancia y reafirmó su compromiso con la "batalla cultural" contra la corrupción.

La oposición reaccionó con pedidos de interpelación en el Congreso, exigiendo que Karina Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, brinden explicaciones públicas sobre el escándalo. Legisladores como Ricardo López Murphy y Christian Castillo reclamaron transparencia y la entrega de contraseñas de dispositivos electrónicos para facilitar la investigación judicial. Mientras tanto, algunos referentes oficialistas y empresarios, como Marcos Galperín, calificaron el caso como una "opereta" destinada a perjudicar al gobierno.

El caso se desarrolla en un contexto de alta tensión política y electoral, sumando presión sobre el Ejecutivo y alimentando el debate sobre la corrupción y la transparencia en la gestión pública. Las próximas semanas serán clave para el avance de la investigación y la definición de responsabilidades, en un escenario marcado por la incertidumbre y la expectativa social.