El Concejo Deliberante de Mar del Plata avanzó en la aprobación preliminar del presupuesto municipal 2026 y las ordenanzas fiscal e impositiva, en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición y sectores sociales por la falta de transparencia y debate público. La sesión extraordinaria, realizada el viernes, dejó en evidencia la tensión entre el oficialismo y los bloques opositores, quienes denunciaron que el Ejecutivo municipal no respondió a las 57 preguntas presentadas ni asistió a las comisiones para explicar los detalles del presupuesto y los aumentos de tasas.

La concejal Valeria Crespo, de Unión por la Patria, criticó el "apuro" y el "abuso de mayoría" del oficialismo, señalando que la aprobación se da sin las explicaciones correspondientes y con la imposición de una modalidad de preguntas por escrito. "Llegamos a esta votación sin que los funcionarios vengan a dar explicaciones de cómo se conformó este presupuesto o por qué se crea una nueva tasa", afirmó Crespo. En la misma línea, Eva Ayala, de Acción Marplatense, sostuvo que exigir preguntas por escrito "contraviene los principios establecidos en la Constitución" y limita el debate democrático.

El oficialismo, por su parte, defendió la gestión y aseguró que "no habrá grandes cambios en la liquidación de las tasas". Sin embargo, la falta de información pública sobre el presupuesto y las ordenanzas, sumada a la ausencia de funcionarios en el debate, generó preocupación incluso en sectores aliados. La Tasa Vial, señalada como la más alta de la provincia, sigue vigente pese a los pedidos de derogación y parte de sus fondos se han destinado a gastos generales, según denuncias opositoras.

En este contexto, el municipio convocó a una audiencia pública informativa para el 25 de febrero, aunque hasta el momento el presupuesto y las ordenanzas no están disponibles para consulta ciudadana. El tratamiento exprés del presupuesto busca llegar con los "deberes hechos" a la apertura de sesiones ordinarias, apoyado en una mayoría de 14 concejales producto de alianzas entre PRO, UCR, La Libertad Avanza y otros.

La falta de fondos nacionales y provinciales para la educación municipal ha obligado al Ejecutivo a utilizar recursos afectados para el pago de salarios, lo que suma otro punto de conflicto. Mientras tanto, sectores sociales y políticos exigen mayor publicidad y participación en la discusión presupuestaria, en un clima de creciente desconfianza hacia el proceso.