Un represor condenado por delitos de lesa humanidad ha organizado una marcha en favor de la impunidad desde su prisión domiciliaria, generando una fuerte polémica en el ámbito político y social argentino. La convocatoria, confirmada por fuentes judiciales y medios nacionales, se realiza desde la residencia donde el ex represor cumple su condena bajo arresto domiciliario.

El objetivo de la marcha es reclamar por la impunidad de quienes fueron condenados por crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Diversos organismos de derechos humanos han repudiado la iniciativa, calificándola como un intento de reivindicar el terrorismo de Estado y alertando sobre el impacto negativo que puede tener en la memoria colectiva y en el proceso de justicia por los crímenes cometidos.

Argentina ha condenado a cientos de represores por delitos de lesa humanidad, y las manifestaciones en favor de la impunidad suelen ser rechazadas por la sociedad civil y los organismos de derechos humanos. El debate sobre la prisión domiciliaria para condenados por estos delitos sigue vigente, y este evento ha reavivado la discusión sobre las políticas de memoria, verdad y justicia.

Organismos de derechos humanos han expresado su rechazo y pidieron que se refuercen las políticas públicas que garanticen la no repetición de estos crímenes. Sectores políticos también han manifestado preocupación por el mensaje que transmite la marcha, mientras que el represor organizador sostiene que las condenas son "injustas" y busca apoyo entre sectores afines. El episodio pone de relieve las tensiones persistentes en torno a la memoria histórica y la justicia en Argentina, y podría tener implicaciones en el debate público sobre el tratamiento de los condenados por delitos de lesa humanidad.