Un megaoperativo policial y judicial se llevó a cabo en la Isla Jordán de Cipolletti, donde la Justicia, junto a más de cien efectivos y equipos técnicos municipales y provinciales, allanó el predio conocido como Puesto Retamal. La intervención fue solicitada por la fiscalía tras denuncias de la municipalidad por presunta usurpación, faena clandestina y obstrucción del acceso público a la costa del río.

Durante el procedimiento, que se extendió desde la mañana hasta la tarde del 11 de diciembre, se relevaron 13 viviendas y se identificó a todos los residentes. Se secuestraron cerca de un centenar de animales, entre caballos, vacas, chivos, cerdos y ovejas, muchos de ellos sin documentación y en malas condiciones sanitarias. Además, se hallaron ocho plantas de marihuana y se detectaron zonas de faena clandestina, tala de especies nativas y caminos internos bloqueados.

El intendente Rodrigo Buteler explicó que el operativo buscó garantizar el acceso público y avanzar en un proyecto de costanera, señalando que "el conflicto tiene como núcleo el acceso a la costa del río, un camino histórico que permanece cerrado hace años por los ocupantes". Añadió que existía un acuerdo previo para liberar el paso y regular la tenencia de animales, pero que no se cumplió.

Por su parte, la familia Retamal denunció haber sido tratada "como delincuentes" y acusó al municipio de avanzar por intereses propios, señalando que "quieren hacer un paseo costero mientras sacan piedra de la defensa del río y después se nos inunda todo". También manifestaron preocupación por el secuestro de animales y la destrucción de corrales, y anunciaron que presentarán denuncias contra el fiscal y el intendente por el accionar policial.

Organizaciones mapuches y sociales expresaron su apoyo a la familia, denunciando violencia institucional y exigiendo el cese de los operativos. Mientras tanto, la municipalidad informó que instalará una garita policial permanente para garantizar el libre acceso a la costa y continuar con los controles en la zona. El caso, que ya había tenido antecedentes de conflicto a principios de año, reabre el debate sobre la ocupación de tierras fiscales, el acceso público y los derechos de las comunidades históricas en Cipolletti.