Miles de personas se congregaron el 18 de junio en la Plaza de Mayo y en distintas ciudades del país para manifestar su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la confirmación de su condena y prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad. La movilización, convocada por agrupaciones políticas, sindicales y sociales, se replicó en ciudades como Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, La Rioja, Neuquén, Chubut y Río Gallegos, mostrando un alcance federal y transversal.

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración principal tuvo lugar en Plaza de Mayo, donde se hicieron presentes figuras destacadas del kirchnerismo, como Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Juan Grabois y gobernadores de varias provincias. También participaron referentes sindicales de la CGT y las CTA, así como organizaciones sociales y ciudadanos autoconvocados. Las consignas centrales giraron en torno a la defensa de la democracia, el rechazo a la proscripción política y la exigencia de libertad para la exmandataria.

La jornada estuvo marcada por la masividad y la diversidad de los asistentes, aunque las estimaciones sobre la cantidad de participantes variaron ampliamente: mientras fuentes de seguridad hablaron de entre 35.000 y 40.000 personas, organizadores y sectores afines al kirchnerismo aseguraron que la cifra superó el medio millón. El clima fue mayormente pacífico y festivo, con cánticos, banderas y discursos en defensa de los derechos constitucionales.

En el interior del país, las marchas se desarrollaron en plazas y puntos emblemáticos de cada ciudad, con la participación de dirigentes locales, sindicatos y militantes. En Mendoza, por ejemplo, se reunieron entre 300 y 400 personas, mientras que en Santa Fe y Córdoba las movilizaciones contaron con el respaldo de gremios y partidos políticos.

Cristina Kirchner, desde su domicilio en Constitución, se dirigió a los manifestantes a través de altoparlantes, agradeciendo el apoyo y llamando a la organización política. La movilización fue interpretada por muchos como una respuesta a lo que consideran una persecución judicial y un intento de proscripción política, en un contexto de fuerte polarización y crisis de representación.

El evento dejó en evidencia la capacidad de movilización del peronismo y sus aliados, así como la persistencia de la figura de CFK como eje de la oposición. Si bien la marcha no alteró la situación judicial de la exmandataria, sí reactivó el debate sobre la legitimidad de los procesos judiciales y el rol de la protesta social en la Argentina actual.