El acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias ha generado un conflicto con el Gobierno Nacional, que se niega a homologarlo oficialmente. Este convenio, que beneficia a más de 1,2 millones de trabajadores del sector comercial, establece un incremento salarial acumulativo del 5,4% en tres tramos y el pago de tres bonos no remunerativos.

El acuerdo fue firmado el 29 de abril y debía ser homologado en un plazo de 30 días. Según la ley, si no hay objeciones ni resolución oficial, el convenio queda homologado de hecho. Daniel Ruberto, representante sindical, explicó que la Secretaría de Trabajo no se expidió dentro del plazo establecido, lo que permite la homologación automática.

El salario básico de referencia alcanzará $1,123,000 mensuales, incluyendo los incrementos y bonos pactados. Los pagos se distribuyen en tres tramos: 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio, además de sumas fijas de $35,000, $40,000 y $40,000 que se incorporarán al básico en julio.

Sin embargo, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, se ha negado a homologar el acuerdo, argumentando que los aumentos superan la pauta oficial del 1% mensual. Esta postura ha generado tensiones con los gremios, que califican la medida como autoritaria y perjudicial para los trabajadores. En respuesta, los sindicatos han realizado reuniones con autoridades provinciales y nacionales para buscar soluciones.

Mientras tanto, la mayoría de los supermercados y comercios ya están cumpliendo con los pagos estipulados, aunque algunas cadenas mayoristas se alinean con la postura del Gobierno y se resisten a implementar los aumentos. Este conflicto se desarrolla en un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo, lo que ha llevado a los gremios a redoblar esfuerzos para garantizar el cumplimiento del acuerdo.

El impacto del convenio es significativo, ya que abarca el convenio colectivo más grande del país. Además, se espera una revisión en julio para ajustar las escalas salariales según la inflación. En este escenario, el futuro de las negociaciones dependerá de la evolución de los precios y de la postura que adopten las partes involucradas.