El juez Herman Mendel, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°30, dictó una medida cautelar que suspende el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La decisión responde a una demanda presentada por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), que cuestiona la constitucionalidad del acuerdo celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno porteño en el marco de la Ley de Modernización Laboral 27.802.

La resolución judicial ordena la suspensión total de los efectos del acuerdo de transferencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. El gremio liderado por Julio Piumato argumentó que la ley fue sancionada durante sesiones extraordinarias del Congreso, sin que el tema estuviera incluido en la convocatoria oficial, lo que a su entender vulnera el régimen constitucional del Poder Legislativo. Además, la UEJN advirtió sobre el impacto de la medida en la estabilidad laboral de unos 1600 empleados judiciales y en la continuidad institucional del fuero laboral.

El acuerdo, firmado el 9 de febrero de 2026, preveía el cierre progresivo de 30 juzgados laborales y una sala de apelaciones en un plazo de 180 días, así como la transferencia de nuevas causas a la justicia local porteña. Sin embargo, la medida cautelar deja en suspenso estos cambios y mantiene la vigencia de la Justicia Nacional del Trabajo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) también presentó acciones judiciales para frenar la aplicación de la reforma laboral, argumentando que la norma vulnera derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y tratados internacionales. Desde la central sindical celebraron el fallo y lo consideraron un paso importante para la protección de los derechos laborales.

El gobierno nacional, por su parte, sostiene que la reforma es necesaria para modernizar el sistema laboral y mejorar la eficiencia judicial. El debate sobre la constitucionalidad y legitimidad de la reforma continúa abierto en los tribunales, mientras sindicatos y sectores de la oposición llaman a mantener la presión judicial y social contra la ley. El futuro del traspaso y de la reforma laboral dependerá de las próximas resoluciones judiciales y del desarrollo del proceso legislativo.