La jueza Julieta Makintach presentó su renuncia tras el escándalo desatado por su participación en el documental "Justicia Divina", centrado en el juicio por la muerte de Diego Maradona. La decisión se produjo luego de que el Jury de Enjuiciamiento dispusiera su apartamiento del cargo y en medio de una investigación penal que busca determinar si la magistrada cometió delitos al permitir la filmación dentro del tribunal y al presuntamente intimidar a una testigo clave.

La renuncia, presentada por su abogado Darío Saldaño, aún debe ser aceptada por el gobernador Axel Kicillof. Mientras tanto, abogados de las partes involucradas, como Fernando Burlando y Gastón Marano, solicitaron la detención inmediata de Makintach, argumentando que sus acciones constituyeron un intento de interferir en el proceso penal y de influir sobre testigos. "No busques nunca Justicia en la justicia, porque todos en quienes confías te traicionan", fue uno de los mensajes que la jueza habría enviado a una policía bonaerense que declaró en la causa, según consta en la denuncia presentada ante la fiscalía de San Isidro.

El escándalo se agravó cuando se conoció que la jueza permitió la grabación de escenas dentro del Palacio de Tribunales de San Isidro, sin autorización, y que tuvo un rol protagónico en el documental. La investigación penal, a cargo de los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, busca establecer si Makintach incurrió en abuso de autoridad, malversación de fondos públicos o cohecho. El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, denunció múltiples irregularidades, incluyendo el uso de recursos públicos y la parcialidad manifiesta de la jueza, lo que derivó en la nulidad del juicio original.

Tras la anulación del proceso, el caso Maradona será reasignado a un nuevo tribunal. Makintach, por su parte, argumentó en su carta de renuncia que su decisión responde a la necesidad de preservar la confianza pública en la justicia y reparar el daño institucional causado. Sin embargo, la aceptación de su renuncia podría dejarla sin fueros y habilitar medidas judiciales en su contra, incluyendo una posible detención. El desenlace del caso podría sentar un precedente sobre la responsabilidad ética y penal de los magistrados en Argentina.