La situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a ocupar el centro de la escena política argentina tras la decisión del juez Jorge Gorini de imponer nuevas restricciones a su prisión domiciliaria y ordenar el decomiso de bienes pertenecientes a ella y a sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner. La medida, que fue apelada por la defensa, reavivó el debate sobre la independencia del Poder Judicial y la influencia de factores políticos y mediáticos en los procesos judiciales de alto perfil.

Según la resolución judicial, las restricciones adicionales se fundamentan en supuestas violaciones a las condiciones de la prisión domiciliaria, como la realización de reuniones no autorizadas. La defensa de la ex mandataria, encabezada por los abogados Alberto Beraldi, Ary Llernovoy y Joel Goldin, argumentó que las medidas son arbitrarias y que no se respetó el derecho de defensa, citando antecedentes judiciales que rechazan decomisos de bienes sin pruebas directas de su origen ilícito.

En respuesta, Cristina Fernández de Kirchner utilizó sus redes sociales para denunciar lo que considera una campaña mediática y política en su contra. "No es la foto… es la Economía estúpido", expresó, vinculando los ataques a su figura con el debate sobre el modelo económico nacional y criticando las políticas del actual gobierno de Javier Milei. La ex presidenta defendió la necesidad de un modelo productivo y federal, en contraste con lo que describe como un proceso de destrucción de empresas y empleos bajo la actual administración.

El contexto de estas decisiones judiciales se da en medio de una situación económica compleja, marcada por la crisis de deuda, la fuga de capitales y la dependencia de negociaciones internacionales. El debate sobre la independencia judicial y la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública sigue siendo un tema central en la política argentina.

Mientras tanto, las reacciones políticas y sociales se mantienen polarizadas. Sectores afines a la ex presidenta denuncian una persecución política y judicial, mientras que voces opositoras insisten en la necesidad de avanzar en las causas judiciales para garantizar la transparencia y la justicia. El desenlace de este proceso podría tener implicancias significativas para el futuro político y judicial del país.