El Gobierno argentino ha anunciado una medida económica que permitirá a los ciudadanos utilizar dólares no declarados, conocidos como "dólares del colchón", para transacciones cotidianas. La medida, que será implementada mediante un decreto, busca dinamizar la economía y se enmarca en el contexto de las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según fuentes oficiales, los ciudadanos podrán utilizar hasta USD 100,000 sin justificar su origen, siempre que firmen una declaración jurada que certifique que los fondos no provienen de actividades ilícitas. Esta normativa, que será anunciada oficialmente el jueves, tiene como objetivo "remonetizar" la economía y fortalecer la actividad económica, en un contexto donde se estima que hay hasta USD 200,000 millones en dólares no declarados en el país.

El vocero presidencial y candidato a legislador, Manuel Adorni, será el encargado de comunicar la medida. "Queremos que la gente pueda usar sus dólares sin dejar los dedos marcados", afirmó el presidente Javier Milei en un evento reciente. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la medida busca proteger a los "argentinos de bien" y combatir el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

La normativa será implementada siguiendo los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar sanciones internacionales. Sin embargo, algunos expertos han expresado preocupaciones sobre los riesgos de lavado de dinero y la falta de garantías legales a largo plazo. "El éxito o fracaso de esta iniciativa dependerá de su diseño institucional y de la capacidad regulatoria para contener sus riesgos inherentes", señaló un analista económico.

Esta es la novena medida de este tipo desde el retorno de la democracia en Argentina. En 2024, un blanqueo similar permitió regularizar USD 20,000 millones, aunque no incluyó efectivo. En esta ocasión, los dólares podrán ser utilizados para la compra de bienes duraderos como automóviles e inmuebles, lo que podría dar un impulso adicional a la economía.

En un contexto de alta inflación y déficit en la balanza de pagos, el Gobierno apuesta a que esta medida no solo dinamice la economía, sino que también tenga un impacto positivo en la campaña electoral. Sin embargo, las críticas y los riesgos asociados plantean interrogantes sobre su efectividad y sostenibilidad a largo plazo.