La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó la reglamentación del Sistema de Fondo de Cese Laboral, una medida que permite a empresas y trabajadores en Argentina reemplazar la tradicional indemnización por despido por un fondo de inversión o fideicomiso. Esta iniciativa, contemplada en la Ley Bases y el Decreto 847/2024, introduce un régimen alternativo y optativo para el pago de indemnizaciones, que deberá ser acordado en el marco de los convenios colectivos de trabajo.

Según la Resolución General 1071/2025, los empleadores y empleados podrán definir libremente el porcentaje de la remuneración o el monto fijo que se destinará al fondo, así como la periodicidad de los aportes. El fondo podrá ser administrado a través de Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF), y será inembargable, destinado exclusivamente a las prestaciones acordadas en los convenios colectivos.

El presidente de la CNV, Roberto Silva, destacó: “Estamos orgullosos de presentar esta normativa, que trabajamos en conjunto con el ministro Federico Sturzenegger y el equipo del Gobierno Nacional, y que además incorpora los aportes surgidos de la consulta pública. Creemos que esta propuesta tiene potencial para transformar profundamente la forma en las que se implementan y acuerdan las indemnizaciones, a la vez que impulsa la participación de inversores institucionales de largo plazo en el mercado de capitales”.

El nuevo régimen no es obligatorio: el esquema tradicional de indemnización seguirá vigente para quienes no adhieran al sistema y para el personal fuera de convenio. En el caso de los fideicomisos financieros, la normativa flexibiliza algunos requisitos, como la publicación de prospectos, y permite la incorporación de múltiples fiduciantes y la emisión de valores adicionales.

Mientras el Gobierno celebra la medida como un avance hacia la modernización y la libertad económica, sectores críticos advierten que podría debilitar la protección laboral y trasladar riesgos a los trabajadores. La CNV subraya que el texto definitivo de la norma es resultado de un proceso de consulta pública y de la incorporación de opiniones de distintos sectores. El impacto de la reforma será observado de cerca en los próximos meses, en un contexto de cambios profundos en el mercado laboral argentino.