Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Tucumán desató una fuerte controversia al proponer que un juez pueda ordenar, en menos de seis horas, la eliminación de publicaciones digitales consideradas "calumnias o injurias". La iniciativa, impulsada por el legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse, obtuvo dictamen favorable en comisión y está lista para ser debatida en el recinto, aunque desde la Vicegobernación se aclaró que no forma parte de la agenda legislativa inmediata.

El texto crea una "Medida Cautelar Digital" que permitiría a un juez provincial ordenar la eliminación, bloqueo o desindexación de contenidos en diarios digitales, portales web y redes sociales, sin que el autor o el medio involucrado pueda defenderse previamente. La propuesta excluye expresamente a funcionarios públicos, tras críticas que advertían sobre un posible blindaje político y restricciones a la labor periodística.

El gobernador Osvaldo Jaldo anticipó que, en caso de ser aprobada, vetará la ley. "Si la Legislatura aprueba el proyecto, el gobernador en uso de sus facultades lo vetará", declaró Jaldo, en un intento de calmar la polémica que escaló a nivel nacional tras la publicación del tema en medios de alcance nacional.

La iniciativa fue defendida por Vargas Aignasse, quien argumentó que el objetivo es proteger a ciudadanos comunes de campañas de difamación y hostigamiento digital. "Defendemos la libertad de expresión, no la de la mentira", afirmó el legislador, subrayando que la crítica política y la actividad periodística quedarían protegidas.

Por su parte, sectores de la oposición, especialmente La Libertad Avanza, repudiaron el proyecto y advirtieron que podría convertirse en una herramienta de censura y un riesgo para la democracia. "Defender la libertad de expresión es defender la democracia", señalaron en un comunicado.

El debate sobre la regulación de la violencia digital y la protección de derechos individuales frente a la libertad de prensa sigue abierto en Tucumán, mientras la iniciativa permanece en trámite parlamentario y sin fecha de tratamiento en el recinto.