El triple asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela ha sacudido a la opinión pública argentina, poniendo en evidencia la profunda crisis de seguridad y exclusión social que atraviesan los barrios periféricos del Conurbano bonaerense. Las jóvenes, víctimas de una brutalidad extrema, fueron torturadas y asesinadas por sicarios presuntamente vinculados al narcotráfico, bajo las órdenes de un jefe narco conocido como "Pequeño J". El crimen, transmitido en vivo por redes sociales, generó conmoción y abrió un debate nacional sobre la violencia, la falta de alternativas para los jóvenes y el rol del Estado.

Según las investigaciones, las víctimas estaban inmersas en contextos de prostitución y narcomenudeo, reflejo de una realidad donde la escuela y el trabajo digno han dejado de ser opciones viables para muchos adolescentes. Familiares y referentes sociales han denunciado el abandono estatal y la connivencia entre bandas narco y sectores policiales, señalando que la ausencia de políticas públicas efectivas ha permitido el avance del crimen organizado en la región.

La fiscal Mónica Cuñarro, especialista en narcotráfico, destacó la crueldad inédita observada en las autopsias y subrayó la urgencia de implementar políticas de Estado que aborden el problema de manera integral. "La saña que reflejan las autopsias nunca la he visto. Esto es diferente y complejo por las edades, por la visibilización, por la crueldad especial al ser mujeres. Urge dar con el paradero del autor intelectual y eso es una tarea de las fuerzas de seguridad en conjunto", afirmó Cuñarro.

El obispo de San Justo y la Conferencia Episcopal Argentina han reclamado el fortalecimiento de la educación y el tejido social, advirtiendo que "si el Estado se corre, entra el narcotráfico". Organizaciones sociales y expertos coinciden en que la persecución penal no es suficiente si no se acompaña de políticas sostenidas de inclusión educativa, acompañamiento psicológico y acceso a proyectos de vida dignos para las juventudes vulnerables.

El caso de Florencio Varela no es aislado, sino la punta visible de una trama que se repite en distintas ciudades del país. La pregunta que queda abierta es qué alternativas puede ofrecer la sociedad para evitar que el narco y la prostitución sigan presentándose como las únicas opciones de futuro para los jóvenes de sectores excluidos. La justicia que se reclama no se limita a condenar a los culpables, sino a cortar las cadenas de exclusión y decadencia moral que hacen posible estas tragedias.